SdP participó el pasado 7 de noviembre, en Antequera (Málaga), en el grupo de trabajo jurídico y económico de la Asociación de empresas de Abastecimiento y Depuración de Aguas de Andalucía (ASA-Andalucía), exponiendo las principales implicaciones prácticas de la entrada en vigor de la nueva normativa de control interno de ámbito local. El pasado 1 de julio de 2018 entró en vigor el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril (RCI, en adelante), por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y que trae causa de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración, que modifica los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales.
El objetivo del RCI es establecer procedimientos mucho más transparentes que aseguren la gestión regular de los fondos públicos, su empleo eficiente y la sostenibilidad financiera de las entidades locales. En relación con las empresas públicas, se debe tener en consideración que, conforme al nuevo modelo de control interno, aunque no estén obligadas a someter sus cuentas anuales a auditoría conforme a la normativa mercantil, el órgano de control podrá incluir en el plan anual de auditoría las cuentas anuales de dichas sociedades, así como la auditoría de cumplimiento y operativa. Por ello, las EE.LL. deberán disponer de recursos necesarios para implantar con éxito el nuevo modelo de control interno, incluyendo las herramientas digitales de gestión de los expedientes. Ello no obstante, la propia norma incluye una disposición transitoria que inicia su cumplimiento “sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019”.
