Las fórmulas de colaboración público-privada con el contrato de concesión que permite a las Administraciones públicas encargar a empresas la construcción, renovación y mantenimiento de infraestructuras o la prestación de un servicio público, viven el momento más complejo en España debido, sobre todo, a dificultad que tienen las empresas para que las Administraciones acepten revisar los precios de los proyectos y servicios, pese al alza de los costes y precios de las materias primas, energía y transporte. Este escenario está provocando que las empresas dejen de confiar en la colaboración público privada, en un momento además clave por el dinamismo que deberían propiciar los Fondos europeos Next Generation.
Esta es una de las conclusiones del III Simposio Nacional de Buenas Prácticas en la Contratación Pública celebrado en la sede de Correos en Madrid e impulsado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Federación de Asociaciones de Empresas de Ingeniería y Conocimiento de España (CIES) y nuestro despacho SdP Estudio Legal, especializado en contratación pública.
Durante el encuentro se han analizado los problemas del contrato de concesión, el cual padece hoy enormes barreras de aplicación práctica por las dificultades financieras que genera para las empresas contratistas la Ley de Desindexación, ya que las Administraciones públicas se resisten a revisar los precios pese al alza de los costes y, además, carecen de medios para implementar las solicitudes de las empresas.
Con los sonados fracasos de las autovías radiales de Madrid de fondo, los sectores empresariales implicados han expresado su inquietud por los límites que impone la actual regulación legal del contrato de concesión, dada la necesidad de garantizar el traslado del riesgo operacional al contratista y por la sesgada politización de la apuesta por este modelo, tal y como expresaron en la inauguración del encuentro el Secretario General de la CNC, Mariano Sanz Loriente, y el Presidente de CIES, Ignacio Sánchez de Mora.
Por su parte, Julio González García, secretario general de Correos expuso las distintas fórmulas de colaboración público-privada, mientras que el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Alejandro Huergo Lora, análizó la transferencia del riesgo operacional y sus repercusiones en las reglas del cómputo del déficit y de la deuda impuestas por EUROSTAT en el contrato de concesión.
Seguidamente se desarrolló una mesa redonda sobre los límites en la financiación privada de infraestructuras o las alternativas financieras y contractuales al contrato de concesión. Fue moderada por Juan Francisco Mestre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares e intervinieron Ximena Lazo Vitoria, de la Oficina Nacional de Evaluación de las concesiones, que trató el deslinde y la correcta calificación del contrato de concesión frente al de servicios tras la reciente sentencia ‘Sharengo‘ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Alfonso Budiño Carbonero, director general de COINTER y Juan Antonio Carrillo Donaire, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y consejero asesor de SdP Estudio Legal, que abordó la tendencia a huir del contrato de concesión hacia los negocios jurídicos patrimoniales.
Entre los asistentes destacó la participación de representantes de las Administraciones públicas, de la Patronal de empresas concesionarias, representadas por el Director General de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, además de muchas empresas del sector de la construcción y de la concesión, junto a las principales empresas públicas del Grupo Fomento (RENFE o ADIF) y de la Sociedad estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Gracias a ello se pusieron sobre la mesa sugerencias para ser acogidas en los Pliegos de concesiones de obras y de servicios en pro del mejor equilibrio financiero del contrato, así como alternativas al propio contrato de concesión en el ámbito de los contratos especiales con modelos financieros abiertos al “Project finance” o de los contratos patrimoniales, especialmente asentados en el ámbito local y en el de las instalaciones portuarias y logísticas.
En este contexto, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Federación de Asociaciones de Empresas de Ingeniería y Conocimiento de España (CIES) y SdP Estudio Legal vienen propiciando un ciclo permanente que pretende poner de relieve los problemas que padece la contratación pública en España, con el fin de apuntar soluciones que puedan servir para mejorar las prácticas de las Administraciones públicas contratantes.
De hecho, ya se ha celebrado uno en Sevilla sobre los problemas de la ejecución de los contratos y el vidrioso tema del reequilibrio de los mismos en el contexto inflacionista que actualmente vivimos, y otro en Málaga sobre los encargos a medios propios. Este foro cuenta con el apoyo y la participación de las empresas afectadas en los distintos sectores de la contratación pública, las Administraciones y poderes adjudicadores y los principales representantes de todos los sectores afectados, lo que lo hace una plataforma privilegiada de diálogo y puesta en común de problemas y posibles soluciones que nacen desde la práctica diaria y las experiencias del sector de la inversión en infraestructuras.
