El pasado 23 de marzo tuvo lugar la jornada de debate organizada por ASA Andalucía – Asociación Abastecimientos Agua y Saneamientos y la Escuela de Servicios Públicos, para abordar las claves y principales dudas prácticas que vienen surgiendo en relación con el régimen jurídico aplicable a los contratos de entidades del sector público que operan en el sector del agua.
Extraemos y compartimos con vosotros el link con toda la información sobre la jornada:
2021.03.23 – ASA ANDALUCIA
La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA Andalucía, ha celebrado en el mes de marzo un encuentro de debate con la participación de expertos con el objetivo de abordar las claves y principales dudas prácticas que vienen surgiendo en relación con el régimen jurídico aplicable a los contratos de entidades del sector público que operan en el sector del agua.
La sesión, promovida y organizada en colaboración con la Red Elige, ha despertado un gran interés y ha contado con el registro y participación de un amplio un numero de asistentes y seguidores, interesados en analizar una temática que en muchos casos se convierte en un proceso complejo para muchas entidades, tanto empresas del agua como de otros servicios públicos, como es la contratación y el interés compartido de cumplir con la legalidad en este ámbito.
Los ponentes han sido Juan Antonio Carrillo Donaire (Catedrático acreditado de Derecho Administrativo y Consejero del Consejo Consultivo de Andalucía); Jose María Gimeno Feliú (Catedrático de Derecho Administrativo); y Francisco Montes Worboys (Letrado de la Junta de Andalucía en excedencia), con la moderación de Carlos Irigoyen Jara como gerente de ASA Andalucía.
La jornada se ha centrado principalmente en el análisis del reciente Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 12 de febrero de 2021, dentro del cual se resuelven ciertas dudas de gran trascendencia para el sector y que fue solicitado por parte de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe. Algunos de los contenidos esenciales que se contemplan son la interpretación del ámbito objetivo de aplicación de la legislación de sectores especiales, la posible remisión de los pliegos a la ley de contratos general o el umbral para el recurso o reclamación especial en materia de contratación.
En el marco de este debate, ha quedado de manifiesto la compleja relación entre la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores: seguros privados; planes y fondos de pensiones; ámbito tributario y litigios fiscales.
En particular, se analiza el caso del sector del agua, cuyas circunstancias -en relación con eventuales procesos de liberalización y apertura a la competencia- pudieran ser bien diferentes a la de otros sectores llamados “especiales”.
De igual forma, se ha dado cuenta de la paradójica transposición que se ha realizado de la Directiva comunitaria y su reflejo en la jurisprudencia, tanto nacional como europea.
Desde el punto de vista del sector, existe la necesidad de seguir profundizando en la materia, de forma que se arroje luz a un entorno regulatorio de gran complejidad. De igual modo, se repara en la conveniencia de equilibrar los principios de eficiencia y de integridad, junto con las máximas garantías de seguridad jurídica, ante los retos que la sociedad actual demanda a la gestión pública.
