El pasado 2 de octubre de 2023, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pronunció sobre si la participación en la licitación de un contrato de una empresa que puede recibir dotaciones presupuestarias que supongan más del 80% de sus recursos, coloca a este licitador en una situación ventajosa, incompatible con el principio de libre concurrencia en contratación pública, en comparación con la de otros operadores económicos privados.
En dicha sentencia el Tribunal Supremo considera que a priori este volumen presupuestario no supone infracción de las normas de libre competencia, ni implica situar a la empresa licitadora en una situación de privilegio respecto de otros competidores, siendo necesario la concurrencia de otros elementos de prueba que afecten directamennte a esta competencia.
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