La edición 2024 del Curso de Experto en Contratación Pública que organiza el Instituto de Estudios Cajasol se ha clausurado con una jornada centrada en los retos de la contratación pública. El contenido de este cierre ha sido coordinado por Juan Antonio Carrillo Donaire, consejero de SdP Estudio Legal y director del Curso.
Entre estos retos ha destacado las carencias que sigue reflejando la aplicación práctica de la actual Ley que regula los contratos públicos y la relación tan compleja que se establece entre las Administraciones Públicas y las empresas en la prestación de los servicios.
En esta sesión, que ha sido patrocinada por SdP Estudio Legal, han participado también Pedro Roás, magistrado de lo contencioso-administrativo; Manuel Mesa Vila, abogado, consultor y profesor en contratación pública y Javier Vázquez Matilla, doctor en Derecho y experto en contratación pública.
En su intervención Juan Antonio Carrillo Donaire ha explicado que «tras seis años de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 los grandes retos de la contratación pública se centran en las carencias que ha ido mostrando la aplicación práctica de un texto legal tan complejo, que hace que las Administraciones Públicas y poderes adjudicadores que han de aplicarlo consideren que esta materia es realmente crítica en sus organizaciones».
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de España (Oirescon) ha ido poniendo de manifiesto en sus últimos informes anuales de supervisión de la contratación pública en España algunas de las zonas de fricción de la Ley entre otras. En este sentido, Carillo ha apuntado
a «la difícil penetración de la Ley de contratos en Administraciones pequeñas que carecen de medios técnicos y profesionales especializados, particularmente los pequeños municipios de la España vaciada».
Asimismo, ha señalado también el «escaso uso» de procedimientos que incluyan la negociación, el reto de hacer la contratación verdaderamente accesible a las Pymes; la creciente necesidad combatir el abuso de los encargos a medios propios, sobre todo en el ámbito estatal; la falta de adaptación de las instituciones jurídicas que presiden la ejecución del contrato; o, finalmente, la necesidad de luchar contra la corrupción y el fraude, que «desgraciadamente está muy presente en este ámbito del gasto
público que supone en torno al 17% del PIB nacional».
