La ciudad de Valencia ha acogido el V Simposio Nacional sobre Buenas Prácticas en la Contratación Pública. En el encuentro ha participado SdP Estudio Legal, como firma colaboradora en un programa de trabajo que tiene como objetivo analizar en cada encuentro algunos de los temas más destacados que inciden sobre este ámbito del desarrollo de los contratos públicos.
La cita de Valencia ha servido para solicitar a las distintas administraciones públicas la mejora del actual sistema de licitación pública, unas propuestas en la que coinciden las entidades que hacen posible este Simposio: CIES – Federación de Asociaciones de Empresas de Ingeniería y Conocimiento de España, FECOVAL – Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunidad Valenciana, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante, junto con la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV.
Este Simposio ha destacado por su alta participación ya que ha reunido a 300 profesionales del ámbito de la ingeniería, la arquitectura, la construcción, técnicos de la Administración, expertos jurídicos, interventores y especialistas de la construcción que se congregaron en las instalaciones de la UPV para debatir sobre estas cuestiones.
Por ello, en SdP Estudio Legal hemos reforzado nuestra participación en estos encuentros, gracias a la capacidad de ser una de las referencias en contratación pública. En esta cita de Valencia han intervenido Juan Antonio Carrillo Donaire, consejero de SdP Estudio Legal, que analizó las prestaciones de los servicios intelectuales, según la Ley de Contratos del Sector Público, y Jesús Tarancón Babío, abogado Socio de SdP Estudio Legal, quien formó parte de una mesa redonda sobre la problemática en la redacción de los pliegos vinculados a los contratos públicos con empresas privadas.
Tambien ha destacado la participación de Alejandro Huergo Loro, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, con el que participamos en la oficina de SdP Estudio Legal en Madrid.
Conclusiones del Simposio
En las conclusiones del encuentro, el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas del Conocimiento e Ingeniería de España (CIES), Ignacio Sánchez de Mora, dio a conocer las principales reivindicaciones del sector, formado mayoritariamente por ingenierías, constructoras y empresas de arquitectura que trabajan codo a codo con las administraciones en la proyección y ejecución de todo tipo de proyectos.
«En los servicios intelectuales, y en general en el sector de la construcción -explicó Sánchez de Mora- nos topamos a diario con numerosas deficiencias. Los procedimientos son lentísimos, los precios de salida muy bajos, los importes de adjudicación todavía más bajos debido a que las fórmulas de valoración económica fuerzan muchas veces ofertas muy agresivas. Una parte importante de las obras y proyectos van directamente a encargos a medios propios de la Administración o empresas públicas, constituyendo en ocasiones un aparato paralelo. Hablamos de entes que reciben encargos directos. De esta forma el mercado se hace más pequeño, y en último término es el ciudadano el que sale perdiendo».
Sánchez anunció un doble compromiso ante los asistentes; la publicación de un Manifiesto que sintetice las propuestas de mejoras para las licitaciones y, a medio plazo, la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para su remisión a las distintas administraciones; Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
Según el máximo dirigente de CIES, las mejoras que proponen son concretas y factibles: «Queremos mejorar el bienestar social, el medio ambiente y contribuir con nuestra innovación, estudios y proyectos al desarrollo sostenible de España, pero para ello necesitamos contar con un sistema de contratación y licitación pública más ágil, eficiente y racional. No olvidemos que el objetivo final de las obras y proyectos son los ciudadanos, quienes dan sentido y utilidad a todo lo que proyectamos y construimos».
Las deficiencias apuntadas desde el sector contratista son evidentes: «Asistimos con demasiada frecuencia a proyectos cuyo presupuesto inicial se aleja mucho de lo que finalmente le cuesta al erario público la ejecución de tales actuaciones, que en ocasiones conllevan un sobrecoste económico excesivo, o cuya ejecución y puesta en marcha se dilata en el tiempo más allá de lo razonable. Todo ello repercute en el ciudadano».
«Los plazos actuales para desarrollar un proyecto y ejecutar las obras -concluyó- son muchas veces inviables. De la misma forma, en el sector privado los plazos para obtener licencias, autorizaciones o permisos conllevan que en ocasiones no sea rentable la inversión. Para proyectar bien hace falta tiempo, dinero y recursos. Todo esto es lo que queremos cambiar».
